México, Distrito Federal, a catorce de septiembre de dos mil seis.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente SUP-JRC-228/2006, relativo al juicio de revisión constitucional electoral promovido por la coalición “Por el Bien de Todos”, contra la resolución de veinticuatro de julio de dos mil seis, dictada por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en el expediente número RQ-06/2006, y

R E S U L T A N D O

I. Acto electoral impugnado. El ocho de julio de dos mil seis, Glenda Yesenia Noriega Romero, en su calidad de comisionada de la coalición “Por el Bien de Todos” interpuso recurso de queja contra el cómputo y validez de la elección de ayuntamiento del Municipio de Magdalena de Kino, en el Estado de Sonora.

El veinticuatro de julio siguiente, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, resolvió el recurso de queja declarándolo infundado y, en consecuencia, confirmó en sus términos la declaración de validez de la elección en el Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora y, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez emitida por el Consejo Local Electoral, en sesión de fecha cuatro de julio de dos mil seis, a favor de la planilla postulada por la alianza “PRI-SONORA PANAL”.

II. Juicio de revisión constitucional electoral. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, el veintinueve de julio, recibido en esta Sala Superior el dos de agosto del presente año, la coalición “Por el Bien de Todos”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, promovió el presente juicio de revisión constitucional electoral contra la resolución recién precisada.

Recibidas que fueron en este tribunal las constancias relativas al juicio, mediante acuerdo de dos de agosto del año en curso, se turnó el expediente a la ponencia del Magistrado José Alejandro Luna Ramos, para los efectos de los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, turno que se cumplió a través del oficio TEPJF-SGA-2851/06, suscrito por el Secretario General del Acuerdos de esta Sala Superior.

El tres de agosto siguiente, se recibió escrito de tercero interesado.

En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió a trámite el presente juicio y, una vez agotada la instrucción, declaró cerrada ésta, quedando los autos en estado de resolución, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, de conformidad con los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186 fracción III inciso b) y 189, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Requisitos de la Demanda. En este juicio de revisión constitucional electoral se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 9, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el escrito de demanda se presentó ante la autoridad responsable, en éste consta el nombre del actor, nombre y firma autógrafa del promovente, se encuentra identificado el fallo combatido, la autoridad emisora y los agravios contra tal determinación.

Presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Se encuentran igualmente satisfechas las exigencias contempladas por los artículos 8, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se demuestra.

Oportunidad. La demanda se presentó dentro de los cuatro días fijados por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la notificación de la resolución impugnada se practicó el veinticinco de agosto del año dos mil seis, y la demanda se presentó el veintinueve siguiente.

Legitimación y personería. Atento a lo establecido en el artículo 88, párrafo 1, el juicio de revisión constitucional electoral únicamente puede ser promovido por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos. En el caso, el juicio lo promovió la coalición de partidos denominada “Por el Bien de Todos”, por medio de su comisionada ante el Consejo Municipal de Magdalena de Kino, Sonora, Glenda Yesenia Noriega Romero, quien en términos del inciso b) del dispositivo en comento, cuenta con personería suficiente, pues es la misma persona que interpuso el recurso de queja al cual recayó la resolución impugnada.

Actos definitivos y firmes. Se satisface el requisito de definitividad y firmeza, previsto por el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues conforme los artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 309 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las determinaciones del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa no admiten en el ámbito local recurso o impugnación alguna.

Actos que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El demandante señala que la resolución impugnada viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 41, base I y II de la Constitución Federal, lo cual es suficiente para tener por satisfecho este requisito, al ser de carácter formal.

Por tanto, el hecho de que la resolución combatida haya violado o no algún precepto de la Constitución federal, no es obstáculo para estudiar la procedencia del juicio, en virtud de que ello deriva, en su caso, del análisis de fondo de este medio de impugnación, resultando innecesario que el accionante acredite a priori la violación de algún precepto constitucional, atento a que ello, se insiste, es consecuencia del análisis de los agravios esgrimidos.

Sirve de sustento a lo aquí expuesto la tesis de jurisprudencia emitida por esta Sala Superior y visible en las páginas 155 y 156 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia 1997 – 2005, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es ‘JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B) DE LA LEY DE LA MATERIA’.

La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de la elección, porque la materia de análisis en el presente asunto tiene que ver con la pretensión de nulidad de la elección del ayuntamiento del Municipio de Magdalena de Kino, Sonora, pretensión que, de acogerse evidentemente resultaría determinante, porque conduciría a la celebración de comicios extraordinarios.

La reparación solicitada es factible, toda vez que el día de la toma de posesión del ayuntamiento en el estado de Sonora será el próximo dieciséis de septiembre del presente año, el remedio que se solicita es material y jurídicamente posible antes de esa fecha.

TERCERO. Las consideraciones de la resolución reclamada, en lo que interesa, son del tenor siguiente:

“SEXTO.- La cuestión planteada en el presente asunto, consiste en determinar, si de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables en la materia, debe o no declararse la nulidad de la elección de Ayuntamiento del municipio de Magdalena de Kino, Sonora, y, en consecuencia, dejar insubsistentes los resultados consignados en el acta de Cómputo Local de dicha elección expedida por el ese Consejo Local Electoral, así como revocar la constancia de mayoría cuya expedición fue impugnada, y otorgar una nueva a la fórmula que resulte ganadora.

SÉPTIMO.- La revisión de las constancias sumariales, en relación con los agravios expresados, permite concluir que los mismos son infundados y, bajo circunstancia alguna, conducen a la alteración del sentido inicial del acto impugnado, por lo que se impone su confirmación.

A juicio de este Tribunal, carecen de sustentación fáctica y jurídica los argumentos que construye la Comisionada Propietaria de la Coalición PRD-PT ‘POR EL BIEN DE TODOS’ ante el Consejo Local Electoral de Magdalena de Kino, Sonora, en su afán de justificar que la determinación del referido Órgano Electoral Local, que expidió la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamiento, a favor de la fórmula postulada por la Alianza “PRI-Sonora-PANAL”, riñe con el orden jurídico establecido y quebranta las prevenciones instituidas por los artículos 210, párrafos primero y tercero, 214, 215, en relación con el diverso 196, fracción III, 216, 220 y 323, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora; ello fundamentalmente a virtud de que contra el particular parecer de la agravista, la circunstancia de que dentro del recuadro de la boleta electoral correspondiente a la alianza que resultó ganadora, se haya incluido el nombre de la candidata ADRIANA HOYOS RODRÍGUEZ así como la leyenda ‘ADRIANA HOYOS’, bajo condición alguna puede estimarse un hecho constitutivo de presión sobre el electorado que actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, que constituya a su vez violaciones substanciales el día de la jornada electoral, de acuerdo a la normatividad del artículo 323, fracción III en relación con el diverso 324, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora; en primer término porque la emisión de la boletas electorales, en cuyo contenido, se alega, se incluyó propaganda electoral que pretendió influir en el último momento en la decisión del electorado, no es un acto positivo o de omisión que pueda atribuirse a la candidata que resultó ganadora en la elección que se impugna, sino que la elaboración y aprobación del diseño, así como la impresión y distribución de dichas boletas electorales, es facultad exclusiva del Consejo Estatal Electoral, según las expresas prevenciones del artículo 234 del Código Estatal Electoral, por lo que resulta impropio y fuera de lugar afirmar, como sin razón lo hace la coalición inconforme, que se ejerció presión en el electorado por parte de la candidata ADRIANA HOYOS RODRÍGUEZ en el cien por ciento de las casillas instalas en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora.

En efecto, con fecha siete de junio del año dos mil seis, el Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo número 381 mediante el cual se aprobó el modelo de las boletas electorales que serían utilizadas para la elección de los veintiún diputados de mayoría relativa así como de los setenta y dos Ayuntamientos del Estado, mismo que fue allegado a los autos del presente asunto por vía de diligencia para mejor proveer, y donde los integrantes de dicho organismo electoral resolvieron que:

‘...ACUERDO NÚMERO 381 SOBRE EL MODELO DE LAS BOLETAS ELECTORALES PARA LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DEL VOTO EN LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN LOS VEINTIÚN DISTRITOS ELECTORALES, DE PRESIDENTE, SÍNDICO Y REGIDORES DE AYUNTAMIENTO EN LOS SETENTA Y DOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, QUE SE LLEVARÁN A CABO EL DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS. CONSIDERANDO I.- El artículo 234 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que: 'ARTÍCULO 234.- Para la emisión y recepción del voto se imprimirán las boletas electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el Consejo Estatal, atendiendo a lo siguiente: I.- Las boletas para la elección de Gobernador del Estado, contendrán: a) Entidad, distrito y municipio; b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; c) Color o colores y emblema del partido, coalición o alianza, y en su caso, las de los candidatos independientes; d) Identificación del candidato, con inclusión de nombres y apellidos, según lo proponga el partido, alianza, coalición o candidato independiente correspondiente; e) Un círculo o cuadro correspondiente a cada candidato de cada partido, coalición, alianza y, en su caso, para cada uno de los candidatos independientes; f) Las firmas impresas del presidente y secretario del Consejo Estatal; y g) Lo demás que apruebe el Consejo Estatal; II- Las boletas para las elecciones de diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, de presidente, síndico y regidores de Ayuntamiento contendrán además de lo dispuesto en los incisos a), b), c), d) y f) de la fracción anterior, un solo círculo o cuadro para cada fórmula, lista o planilla de candidatos, propietarios y suplentes cuando corresponda; y El nombre de los candidatos aparecerá en las boletas siguiendo el orden de prelación de la antigüedad del registro de su partido, o conforme a lo establecido en el convenio de alianza o coalición correspondiente. Dicha prelación será partiendo del margen superior derecho para el registro más antiguo, siguiendo hacia la izquierda de la parte superior pasando de nueva cuenta al margen derecho para el tercer lugar y así sucesivamente. Las candidaturas independientes ocuparán los espacios finales y la prelación operará por el día y hora de la solicitud de su registro cuando haya más de uno’. II- En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto legal que se transcribe en el considerando que antecede, en relación con el diverso numeral 98, fracciones XLV y LVI del mismo ordenamiento electoral, es procedente aprobar el modelo de las boletas para las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa en los veintiún distritos electorales, de presidente, síndico y regidores de Ayuntamiento en los setenta y dos municipios del Estado, que se llevarán a cabo el 02 de julio de 2006. Las características de las boletas electorales para cada elección, serán conforme a los modelos que se anexan al presente acuerdo, y la medida será tamaño media carta, incluyendo el desprendible. III- En el caso de la elección de diputado, dentro del cuadro con el emblema del partido, alianza o coalición que corresponda, se especificará la identificación, con inclusión de nombre y apellido del candidato, propietario y suplente, según lo proponga el partido, alianza o coalición. Respecto de la elección de Ayuntamiento, los datos antes señalados, dentro del cuadro con el emblema del partido, alianza o coalición que corresponda, los del candidato a presidente, y al reverso los del resto de los candidatos integrantes de la planilla, precisamente en el lugar donde se encuentra el cuadro con el emblema del partido, alianza o coalición. IV.- En relación con lo señalado en el considerando que antecede, si se tiene interés de que se incorpore otro dato adicional que permita reconocer la identidad del candidato, además del nombre y apellidos, el partido, alianza o coalición deberá formular la solicitud correspondiente dentro del plazo de 36 horas, contado a partir de las 0:00 horas del día 8 de junio de 2006. Por último, las boletas electorales contendrán solamente el emblema de los partidos, alianza o coalición con candidatos registrados en la elección respectiva. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente: ACUERDO PRIMERO.- Se aprueba el modelo de las boletas para las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa en los veintiún distritos electorales, de presidente, síndico y regidores de Ayuntamiento en los setenta y dos municipios del Estado, que se llevarán a cabo el 02 de julio de 2006. Las características de las boletas electorales para cada elección, serán las que se especifican en el cuerpo del presente acuerdo. SEGUNDO.- Para la elección de diputado, dentro del cuadro con el emblema del partido, alianza o coalición que corresponda, se especificará la identificación, con inclusión del nombre o nombres y apellidos del candidato, propietario y suplente, según lo proponga el partido, alianza o coalición. Para la elección de Ayuntamiento, los datos antes señalados, se especificará dentro del cuadro con el emblema del partido, alianza o coalición que corresponda, la identificación, con inclusión del nombre o nombres y apellidos del candidato a presidente, según lo proponga el partido, alianza o coalición, y al reverso el nombre o nombres y apellidos del resto de los candidatos integrantes de la planilla, precisamente en el lugar donde se encuentra el cuadro con el emblema del partido, alianza o coalición. TERCERO.- Se concede al partido, alianza o coalición un plazo de 36 horas, contado a partir de las 0:00 horas del día 8 de junio de 2006, para los efectos señalados en el considerando cuarto. CUARTO.- Las boletas electorales contendrán solamente el emblema de los partidos, alianza o coalición con candidatos registrados en la elección respectiva. Las boletas electorales contendrán solamente los emblemas de los partidos, alianza y coalición con candidatos registrados en la elección respectiva. Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 7 de junio de 2006, y firman para constancia los consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da fe.-DOY FE...’.

De lo anteriormente trascrito, se desprende que con toda oportunidad la autoridad electoral hizo del conocimiento público y especialmente de los partidos políticos, alianzas y coaliciones, en sesión pública la existencia de un acuerdo donde se aprobó el modelo de las boletas que se utilizarían en todo el Estado de Sonora, el día domingo dos de julio del año dos mil seis y, específicamente, las características de la

boleta para la elección de Ayuntamiento en Magdalena de Kino, Sonora, y se concedió un término perentorio de treinta y seis horas contadas a partir de las 0:00 horas del día ocho de junio del mismo año, para que los partidos manifestaran su deseo de que se incluyera en el diseño de la boleta, algún dato adicional que permitiera reconocer la identidad del candidato, además de los ya mencionados; mismo acuerdo que no fue impugnado por ninguno de los partidos alianzas o coaliciones contendientes, a pesar de tener conocimiento de ello, lo que significa que el mismo fue consentido por las partes y quedó como una pieza firme dentro de la etapa de preparación de la elección; sobre todo, si se considera que del contenido de los artículos 41, fracción IV de la Constitución General de la República, y 326 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que en lo que para el caso interesa, disponen que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación, qué dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales; y que la ley establecerá un sistema de medios de impugnación para dar definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales, en relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los mismos.

Ahora, si de acuerdo con el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso electoral ordinario comprende tres etapas, que son la preparatoria de la elección; de jornada electoral; y la posterior a la elección; a primera de las cuales inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y comprende, entre otras actividades, los actos de depuración y actualización del Padrón Electoral, el registro de candidatos, la preparación, distribución y entrega de la documentación electoral, los actos relacionados con la propaganda electoral; y concluye al iniciarse la jornada electoral; la segunda, inicia con la instalación de la casilla y concluye con la clausura de la misma; y la tercera, comprende la recepción de los paquetes electorales hasta la declaratoria de gobernador electo en su caso, a favor de quien haya obtenido el mayor número de votos en la elección correspondiente; por ello, resulta claro que la aprobación de los modelos de las boletas electorales para la emisión y recepción del voto en las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa en los veintiún distritos electorales, así como de presidente, sindico y regidores de Ayuntamiento en los setenta y dos municipios del Estado de Sonora, se realiza dentro de la etapa preparatoria de la elección, la cual está compuesta de diversas fases, como el registro de candidatos, propaganda electoral, ubicación de casillas y registro de representantes, por lo que cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de la etapa preparatoria de la elección es reparable mientras no se pase a la siguiente etapa; pues los actos que se van realizando en el desarrollo de las distintas etapas van quedando firmes y sirven de base para las posteriores con las que están concatenadas.

Consecuentemente, si la aprobación de los modelos de boletas electoral para le elección de Ayuntamiento en Magdalena de Kino, Sonora, por parte del Consejo Estatal Electoral, tuvo su origen en la etapa preparatoria de la elección, fue ahí donde debía impugnarse, sin que sea válido que la hoy promovente alegue, que es hasta el cómputo de los votos y la expedición de la constancia de mayoría y validez cuando se le causa agravio, pues de autos no se desprende constancia alguna que haga siquiera suponer que la coalición ahora inconforme, haya impugnado en aquella etapa el referido acuerdo número 381 del Consejo Estatal Electoral, por lo que es claro que por esta sola causa precluyó su derecho a pretender combatirlo como una causa de nulidad de elección, de donde surge lo infundado de los agravios hechos valer sobre este particular y la necesidad de confirmar el acto impugnado.

Apoya la anterior consideración, la tesis jurisprudencial de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos dieciséis, volumen 97-102, Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

‘PRECLUSIÓN. CONCEPTO Y CASOS EN QUE OPERA ESTE PRINCIPIO EN LA LEY PROCESAL MEXICANA. La ley mexicana no deja al arbitrio de las partes elegir el momento para realizar los actos procesales que les incumben, ya que las normas que regulan el proceso no sólo previenen la forma de los actos propios del mismo, sino el momento en que deben llevarse a efecto, para su ordenado desenvolvimiento. Así vemos que este efecto producido en el proceso constituye el principio preclusivo que rige en las diferentes fases o periodos procesales; razón por lo que es conveniente puntualizar los casos en que la citada preclusión tiene lugar, los cuales son: a) Cuando no se observa el orden señalado en la ley para el ejercicio de una facultad procesal; b) Cuando se realiza un acto incompatible con el ejercicio de esa facultad; c) Cuando ya se ha ejercitado la facultad procesal de que se trata, y d) Cuando por permitirlo la ley se ejercita nuevamente la multicitada facultad, agotándose entonces el derecho o derechos que se habían adquirido con el ejercicio inicial de aquella facultad. Caso este último dentro del que encaja en que se encuentra sometido a estudio, ya que el derecho de la demandada y ahora quejosa para que se declarara confeso a su esposo, precluyó por haber vuelto a ejercitar en segunda instancia la misma facultad de ofrecer la prueba de confesión’.

No constituye obstáculo para esta anterior determinación y en nada altera el sentido de la misma, el hecho de que mediante escrito presentado ante el Consejo Local Electoral de Magdalena de Kino, Sonora, con fecha veintinueve de junio del año dos mil seis, la Comisionada Propietaria de la Coalición PRD-PT ‘POR EL BIEN DE TODOS’, aquí agravista, haya solicitado que se pusieran ante su vista las boletas electorales que se utilizarían el día dos de julio del presente año en la elección de ese Ayuntamiento, a fin de verificar su diseño y contenido, pues, se insiste, la coalición por ella representada, al igual que los demás partidos políticos y alianzas contendientes, tuvieron su oportunidad para expresar lo que a su derecho conviniera con relación a los modelos de las boletas electorales, así como para impugnar el acuerdo del Consejo Estatal Electoral expedido al respecto, lo que no hizo la coalición inconforme, generándose así la imposibilidad jurídica de alterar o modificar una de las etapas del proceso electoral que, según se indicó, quedó firme ante el consentimiento de las partes.

Adicionalmente, resulta de primordial importancia dejar puntualizado que este Tribunal no comparte la muy particular apreciación de la agravista en el sentido de que la inclusión dentro del recuadro de la boleta electoral correspondiente a la alianza que resultó ganadora, del nombre de la candidata ADRIANA HOYOS RODRÍGUEZ así como la leyenda ‘ADRIANA HOYOS’, constituye un acto de propaganda electoral orientado a influir en el último momento en la decisión del electorado; debido a que, de acuerdo a las expresas prevenciones del artículo 210, tercer párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, por propaganda electoral se entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes, o a sus simpatizantes; de ahí, que atendiendo a esta clara definición legal de propaganda electoral, debe concluirse que la propaganda electoral utilizada por la candidata ADRIANA HOYOS RODRÍGUEZ, contenía varios elementos alusivos a su persona, a saber: su imagen fotográfica, colores específicos correspondientes a la alianza que la postuló, y un eslogan o frase que dice: ‘CON ADRIANA HOYOS MAGDALENA SI GANA’ con un color y tipografía específicas; mismos elementos que se presentaron a la ciudadanía por diferentes medios como volantes, anuncios espectaculares, publicaciones en la prensa y spots de radio y televisión; según aparece y puede constatarse de las diversas documentales que obran en autos, donde claramente se aprecia el diseño y presentación de la propaganda electoral utilizada por la candidata de la Alianza “PRI-Sonora-PANAL” al Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora; por lo que, basta la simple yuxtaposición de todos los componentes propagandísticos acabados de referir, con la información asentada en el diseño de la boleta electoral utilizada el dos de julio del año dos mil seis, en la citada elección, para advertir sin lugar a dudas que se trata de elementos distintos que no comparten el mismo fin, por cuanto que, mientras la propaganda electoral pretende promover una determinada opción política o bien, descalificar otra; en el caso concreto los datos asentados en la boleta electoral respecto de la candidata que resultó ganadora, sólo pudieron servir para facilitar la identificación de dicha candidata, pero no para promover su imagen personal o influir en el último momento en la decisión del electorado, como sin razón lo afirma la agravista.

OCTAVO.- Ahora, bien, por lo que hace al segundo agravio hecho valer por la inconforme, donde se duele de la incorrecta actuación del Consejo Local Electoral de Magdalena de Kino, Sonora, que expidió la constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento a la candidata ADRIANA HOYOS RODRÍGUEZ, sin reparar en el hecho de que, se ejercieron actos de presión en el electorado a través de un programa de donación de lotes de terreno para vivienda; cabe dejar puntualizado que a juicio de este Tribunal, el mismo resulta infundado, por las razones que a continuación se exponen:

En primer término, para efectos de determinar si en la especie se actualiza la causal de nulidad que hace valer la coalición actora respecto de la votación recibida en el cien por ciento de las casillas instaladas el día dos de julio del dos mil seis en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora, se estima conveniente formular las precisiones siguientes.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política para el Estado de Sonora, y 3 del Código Electoral para mencionada entidad, todos los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos, y los mismos no se encuentren viciados por actos de presión o de violencia sobre los miembros de las mesas directivas de casilla o sobre los electores, las leyes electorales regulan las características que deben revestir los votos de los electores, la prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes, los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos, la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos e integrantes de las mesas directivas de casilla, así como la sanción de nulidad de la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo 4 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el voto ciudadano se caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

De las anteriores disposiciones, es posible advertir que sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos bajo presión o violencia.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 323, fracción III Código Electoral para el Estado de Sonora, y de la tesis de jurisprudencia bajo el rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE” (Legislación del Estado de México y similares) (S3ELJ 13/2000, Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 202-203), se desprende que para que se actualice la causal de improcedencia (sic) en estudio, deben de acreditarse los siguientes elementos:

a) Que exista violencia física o presión; sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y,

b) Que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación.

Por lo que corresponde al primer elemento, en relación con la Tesis de Jurisprudencia del rubro: VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación del Estado de Guerrero y similares), por violencia física se entiende la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas, y presión, es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva (S3ELJD 01/2000, Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 312—3 13).

Además, se requiere que la violencia física o la presión se ejerza por alguna autoridad o un particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, precisamente el día de jornada electoral, por ser precisamente en ese momento cuando el electorado ejercita su derecho político activo de votar.

Por lo que se refiere al segundo elemento, relativo a que la violación tiene que ser determinante para el resultado de la votación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en la Tesis de Jurisprudencia bajo el rubro: VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Jalisco y Similares), que para que se acredite, la violencia física o la presión que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores tiene que ser de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, y que estos actos tengan relevancia en los resultados de la votación de la casilla. Asimismo, expresa que la naturaleza jurídica de la causa de anulación en estudio requiere que se demuestren, además de los actos relativos, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta manera puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la comisión de los hechos generadores de esa causal de nulidad, y si los mismos fueron relevantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate (S3ELJ 53/2002, Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 312).

Cabe precisar, que para establecer si la violencia física o presión es determinante para el resultado de la votación, se utilizan los criterios siguientes:

De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer con certeza, el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de la respectiva casilla; así, en el caso de que el número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación en la casilla.

También podrá actualizarse este elemento en base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física o moral, afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, ya que de no haber ocurrido dicha irregularidad, el resultado final podría haber sido distinto.

 En este orden de ideas, resulta importante precisar que, cuando se invoque la presente causa de nulidad, el actor tiene la carga de mencionar los hechos concretos y las circunstancias particulares de modo, tiempo y lugar en que tuvieron verificativo aquéllos, con las cuales aduzca que se ejerció presión, esto es, pesa sobre el impugnante el gravamen procesal de narrar los acontecimientos que la conforman y las particularidades de cada caso, para que el juzgador esté en condiciones de determinar si los hechos narrados realmente configuran presión sobre los electores y la forma en que pudieron influir en el resultado de la votación.

Además de la carga procesal en comento, que atañe al promovente, según se desprende de lo dispuesto por el artículo 360, del Código Electoral para el Estado de Sonora, pesa también sobre él, el llamado onus probando, por lo que, para conseguir el acogimiento de sus pretensiones, debe aportar todos los medios de prueba necesarios para acreditar los hechos que constituyan la causa de pedir, con la consecuencia de que si dichos hechos no quedan demostrados, esa falta de prueba redunda en perjuicio del impugnante, y conduce a un fallo desestimatorio.

En el caso de la especie, los medios de prueba que aportó el quejoso para acreditar su pretensión, consisten, en lo a este agravio concierne, en las declaraciones que, fueron rendidas por ocho personas ante fedatario público, elementos convictivos que resultan insuficientes para acreditar el petitum del quejoso, según se razona a continuación:

Se cuenta con documentales privadas que contienen las declaraciones unilaterales rendidas por GUADALUPE CARRIZOZA FRANCO, MARÍA GUADALUPE RUIZ TORRES, KARINA JUDITH TORRES RUIZ, YUVIANA ACUÑA MORENO, MARÍA GUADALUPE ESTRADA CABRERA, ZULEMA VANESSA ACUÑA MORENO, BLANCA ELISA EGURROLA MORENO y EVELIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, cuya certificación corrió a cargo del Licenciado FRANCISCO ALFONSO CORELLA ZAMUDIO, Notario Público número 8, con ejercicio y residencia en el Distrito Judicial de Magdalena de Kino, Sonora, mismos documentos privados que fueron suscritos con fecha seis de julio del año dos mil seis, de cuyo análisis de desprende que son copias fotostáticas que concuerdan con sus originales; que el contenido de las documentales de mérito es coincidente en el sentido de que se tuvo conocimiento del programa denominado ‘DESTINO MI CASA’, relativo a donación de terrenos, emprendido por la candidata de la alianza “PRI-Sonora-PANAL” a la alcaldía de Magdalena de Kino, Sonora; que al acudir a inscribirse en el padrón de beneficiarios, se les condicionó a que proporcionaran una lista de diverso número de personas mayores de edad con credencial de elector.